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Departamento: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
 

El Gobierno del Principado convoca a los asturianos a participar en la elaboración de los anteproyectos de las leyes de Transparencia y de Buen Gobierno

13 de Noviembre de 2013

El compromiso del Gobierno de Asturias en la profundización democrática y en elevar la participación ciudadana en las instituciones públicas asturianas ha dado hoy un nuevo paso. El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Presidencia y Portavoz del Principado, Guillermo Martínez, ha aprobado convocar a los asturianos y asturianas a contribuir con sus propuestas a la mejora de los anteproyectos de las leyes de Transparencia y de Buen Gobierno e Incompatibilidades de Altos Cargos. Se trata de dos iniciativas legislativas que el Ejecutivo autonómico remitirá a la Junta General del Principado para su debate y aprobación.

Los dos anteproyectos de ley forman parte de la estrategia de refuerzo de los mecanismos de control de la acción de los representantes públicos y de las administraciones lanzada desde el inicio de su mandato, el 26 de mayo de 2012, por el presidente Javier Fernández. Estos dos anteproyectos legislativos son también fruto de la capacidad de iniciativa del Gobierno y de su disposición al diálogo y al acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, que han contribuido con sus aportaciones.

Ejemplo de este compromiso es que los asturianos y asturianas tienen la oportunidad de participar directamente con sus aportaciones a la mejora de los dos anteproyectos legislativos. Los textos de ambas normas serán divulgados en la web institucional del Principado de Asturias (www.asturias.es) a través del Portal de Transparencia y en los próximos días se informará de los pasos a dar y de los plazos. Todos los ciudadanos y ciudadanas tendrán un mes para remitir sus iniciativas y propuestas, que serán examinadas para su encaje en los anteproyectos. Posteriormente, el Consejo de Gobierno aprobará los textos para su remisión a la Junta General, donde serán analizados y debatidos por los grupos parlamentarios antes de su aprobación.

Las instituciones autonómicas y municipales de Asturias se sitúan de esta manera entre las administraciones pioneras en la adopción y desarrollo de normas legislativas concretas y ambiciosas de transparencia, buen gobierno y participación de la sociedad. Los dos anteproyectos asturianos van más allá de las obligaciones fijadas por la legislación estatal, materializada en el Proyecto de Ley de Transparencia aprobado por el Congreso de los Diputados. Si importante es la facilitación de canales de acceso a la información institucional, el Gobierno del Principado da un paso más al consolidar como un derecho la contribución de los ciudadanos y las ciudadanas con sus propuestas y sus preguntas que deberán tener respuesta oficial, así como con la tipificación legal de su participación en la evaluación de las políticas y las medidas ejecutadas.

El compromiso ético con la mejora de la acción gubernamental y la dotación de herramientas de control de las instituciones de Asturias se materializa, como novedad frente a otras administraciones, en dos anteproyectos legislativos: por una parte, el de Transparencia y, por otro, el de Buen Gobierno e Incompatibilidades de Altos Cargos.

El anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Transparencia tiene por objeto regular la transparencia en la actividad de las diferentes instituciones públicas asturianas, garantizando el derecho de la ciudadanía a acceder a la información.

Las instituciones afectadas por la norma son todas las públicas:

  • Gobierno autonómico y ayuntamientos.
  • Organismos y entes públicos dependientes de las administraciones autonómicas y municipales.
  • Universidad de Oviedo.
  • Junta General del Principado.
  • Sindicatura de Cuentas.
  • Consejo Consultivo.
  • Consejo Económico y Social.
  • Las sociedades mercantiles en cuyo capital social es mayoritario el Principado o las administraciones locales.
  • Las fundaciones del sector público.
  • Corporaciones de derecho público.
  • Asociaciones de administraciones públicas, con excepción en las que participe la Administración del Estado.

Estarán sujetas a esta normativa las entidades privadas como partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. También aquellos colectivos que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones de las administraciones asturianas en una cuantía superior a 50.000 euros o al menos el 40 por 100 del total de sus ingresos anuales.

La ley prevé la imposición de multas en un importe no superior al 2% del importe del contrato recibido cuando las instituciones públicas o las entidades privadas afectadas incumplan la normativa.

Los ciudadanos podrán acceder a toda la información pública a través del Portal del Transparencia, en la web oficial, estructurada en los siguientes apartados:

Información institucional y organizativa.

  • La organización institucional, identificación de sus responsables, la plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo.
  • Empleados públicos: número, nivel y retribuciones de cada puesto de trabajo.
  • Listas de selección de personal temporal.
  • Los contratos de alta dirección suscritos trimestralmente.
  • Número de personas con dispensa parcial o total por razones sindicales. Asimismo, se dará información sobre el número de horas sindicales utilizadas.
  • El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.

 

Información económica y financiera.

Los presupuestos y, trimestralmente, el grado de ejecución presupuestaria.

La información básica sobre la financiación del Principado de Asturias.

  • La deuda pública de la administración: evolución y el endeudamiento por habitante y relativo.
  • Las actividades y bienes de los miembros del Consejo de Gobierno.
  • Las indemnizaciones que los Presidentes o asimilados de los organismos y entes públicos sujetos a esta ley perciban con motivo de su cese.
  • Las concesiones administrativas, con la publicación de los pliegos de cláusulas administrativas  y las condiciones de prestación de los servicios.
  • Los convenios, subvenciones, ayudas  públicas y contratos. Exigencia de que se indique la  identidad de los licitadores que participen en cada procedimiento.

 

Información sobre ordenación del territorio y medio ambiente.

Información de relevancia jurídica. Afecta a toda la normativa del Principado de Asturias y proyectos de normas o disposiciones de alcance general, así como la información derivada de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno o por los plenos de los ayuntamientos.

 

Información sobre atención y participación ciudadana.

  • El catálogo general de todos los procedimientos, servicios y trámites que se prestan en el Principado de Asturias con indicación de los canales de acceso disponibles para la ciudadanía.
  • La información sobre las evaluaciones de la calidad de los servicios públicos, así como de la incidencia social de las políticas públicas.
  • Información sobre entidades privadas. Se harán públicos los convenios, contratos o subvenciones que realicen o perciban de las administraciones asturianas.

 

El anteproyecto de ley regula también fórmulas para que los ciudadanos y ciudadanas contribuyan con sus iniciativas y, a la vez, evalúen el funcionamiento de las instituciones públicas. Entre ellas destacan las Plataformas de Gobierno Abierto, que a través de internet permitirá canalizar propuestas y pronunciarse a los asturianos y asturianas sobre iniciativas institucionales.

El anteproyecto prevé la elaboración de un Plan Estratégico de Transparencia, que será aprobado por el Consejo de Gobierno con los objetivos en esta materia para toda la legislatura. Asimismo, se creará una estructura administrativa en materia de transparencia aprovechando los recursos existentes y la implicación de los trabajadores públicos para promover la  implantación del gobierno abierto, coordinar y desarrollar el Plan de Transparencia, dirigir los contenidos informativos del Portal de Transparencia y de las Plataformas de Gobierno Abierto. Para ello se constituirá en cada una de las consejerías Unidades de Información, que estarán integradas por empleados públicos del Principado y que asumirán la coordinación de la política de transparencia en sus departamentos.

El proyecto de ley contempla la creación de dos órganos que velarán por el buen cumplimiento de la normativa.

La Comisión de Transparencia será la responsable de hacer cumplir las medidas de transparencia y la detección de las infracciones. Estará compuesta por siete personas que no percibirán retribución alguna:

  • El presidente del Consejo Consultivo, que actuará como su Presidente.
  • La persona titular de la Consejería competente en materia de transparencia.
  • Dos diputados.
  • Un representante de la Federación Asturiana de Concejos.
  • Un representante de la Universidad de Oviedo.
  • Actuará como secretario la persona titular de la Secretaría General Técnica competente en materia de transparencia.

 

El Consejo Asesor de Transparencia se constituye como un órgano independiente, adscrito al Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que será el encargado de resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información. Está integrado por un presidente y dos vocales, los tres con la misma responsabilidad en el Consejo Consultivo, y no percibirán retribución adicional alguna.

Otro de los aspectos novedosos del anteproyecto legislativo es la creación del Distintivo de Transparencia, con el que se pretende reconocer a las entidades que destaquen en la aplicación de políticas de transparencia y de fomento de la participación ciudadana. La Administración del Principado está excluida.

El segundo anteproyecto es el de la Ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades de Altos Cargos, que establece un marco jurídico sustentando en siete principios éticos: integridad, ejemplaridad, liderazgo, transparencia, honradez, austeridad, accesibilidad y lealtad institucional.

Las personas afectadas por esta norma son:

  • El Presidente y el resto de los miembros del Consejo de Gobierno.
  • Las personas titulares de las viceconsejerías, secretarías generales técnicas y direcciones generales.
  • El personal eventual del gabinete del Presidente y de las consejerías con nivel equivalente o superior a jefatura de servicio.
  • Las personas titulares de presidencias, direcciones, gerencias de áreas sanitarias y asimilados de los organismos y entes del sector público autonómico que son nombrados por decreto, por acuerdo de Consejo de Gobierno o por sus propios órganos de gobierno.
  • Las personas titulares de presidencias, direcciones generales, gerencias y asimilados de las fundaciones del sector público autonómico.

 

La fiscalización de esta normativa tendrá dos ámbitos de acción:

Administrativo. Un órgano del Principado asumirá la competencia en buen gobierno, conflictos de intereses y régimen de incompatibilidades, del que dependerá el registro de declaraciones de actividades, bienes y derechos patrimoniales y contratos de alta dirección. Todos los altos cargos están obligados a proporcionar la información requerida por este órgano.

Parlamentario. El órgano del Principado remitirá anualmente un informe al Consejo de Gobierno con la relación nominal de declaraciones de los altos cargos, el cumplimiento del régimen de conflicto de intereses y las infracciones cometidas y sanciones impuestas. Este informe será elevado posteriormente a la Junta General.

El anteproyecto incorpora un bloque de infracciones y sanciones. Las leves serán sancionadas con una amonestación, mientras que las muy graves y graves lo serán con:

  • La destitución del cargo público.
  • La inhabilitación para ocupar los cargos públicos durante un periodo de entre cinco y diez años.
  • La pérdida del derecho a percibir, tras el cese, cualquier tipo de indemnización.

 

Además de estas sanciones, se contemplan también otros escenarios cuando la infracción trascienda el ámbito de actuación de la Administración del principado.

  • En caso de supuesto delito, será la jurisdicción penal quien asuma el procedimiento.
  • Cuando se aprecie responsabilidad contable, se informará a la Sindicatura de Cuentas, previa comunicación a la Junta General.

 

En ambos casos, las personas infractoras deberán restituir las cantidades percibidas indebidamente.

El anteproyecto define la existencia de conflicto de intereses cuando se tomen decisiones en los que confluyan intereses de su puesto público con los privados propios o familiares o compartidos con terceras personas.

También fija los casos de incompatibilidades:

La dedicación exclusiva al cargo público es incompatible con otras actividades, tanto institucionales como privadas, así como la percepción de otra remuneración económica.

Obligación de abstenerse en los asuntos en los que hubieran intervenido en los dos años anteriores a su toma de posesión como alto cargo, así como su cónyuge o persona con quien conviva.

La abstención será comunicada por la persona interesada por escrito, en el plazo de un mes, al registro de intereses.

Si un alto cargo incumpliera sus deberes de inhibición o abstención, el superior inmediato u órgano que lo designó, deberá ordenarle al cumplimiento de esta exigencia.

El anteproyecto formula un detallado catálogo de las compatibilidades de los altos cargos tanto en las actividades privadas, como públicas.

Actividad privada:

  • Gestión del patrimonio personal o familiar, con la limitación de no tener una participación superior a un 10% en empresas que tengan relación mercantil o reciban subvenciones del sector público.
  • La producción, creación y publicación literaria, artística, científica o técnica, así como la colaboración y asistencia ocasional como ponente en congresos, jornadas, seminarios, cursos, conferencias y medios de comunicación.
  • La participación en entidades culturales o benéficas sin ánimo de lucro o fundaciones, siempre que no conlleve retribución.

 

Actividades públicas:

  • El Presidente y los consejeros podrán compatibilizar esta responsabilidad con la de parlamentario.
  • Cargos de carácter institucional sin remuneración.
  • Representación en órganos directivos o consejos de administración de organismos, entes públicos o empresas privadas participadas por el Principado. No se podrá pertenecer a más de dos consejos de administración, salvo autorización motivada.
  • La actividad docente en la enseñanza superior o en institutos oficiales para la formación del personal de las Administraciones Publicas, sin retribución.
  • Las dietas u otras cantidades serán ingresadas directamente en la Tesorería General del Principado de Asturias.

 

Los altos cargos no podrán desarrollar actividades privadas relacionadas con los expedientes en que hayan intervenido directamente, ni suscribir, durante los dos años siguientes, personalmente o por medio de empresas o sociedades en las que tengan una participación superior al 10 por ciento, ningún tipo de contrato con la Administración del Principado.

El registro de intereses y actividades, bienes y derechos patrimoniales y contratos de alta dirección será la herramienta administrativa que asumirá el control de las declaraciones y obligaciones establecidas para los altos cargos en el anteproyecto. El registro constará de tres secciones:

  • Sección de intereses y actividades. Tiene carácter público y su acceso se regula reglamentariamente.
  • Sección de bienes y derechos patrimoniales. Tiene carácter reservado, salvo  la declaración de los miembros del Consejo de Gobierno que se publicará en la web oficial. Sólo podrán acceder a ella la Junta General del Principado; la persona designada para instruir un procedimiento sancionador; órganos judiciales; el ministerio fiscal y el Defensor del Pueblo.
  • Sección de contratos de alta dirección. Tiene carácter público y su contenido se publicará en la web del Principado de Asturias.

 

Las declaraciones de altos cargos permitirán determinar la existencia de posibles incompatibilidades, que afectarán a Intereses y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y los bienes y derechos patrimoniales.

Estas declaraciones se podrán acompañar las de participación  de cónyuge o pareja, y la de sus hijos menores de edad, en empresas, así como las referentes a su patrimonio. También se contempla en el anteproyecto que durante la permanencia en el alto cargo habrá obligación de comunicar en el plazo de dos meses cualquier variación sustancial sobre la declaración inicial.

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Comentarios

Gabriel dijo: 8 de Abril de 2014, 19:50

Antes de hacer un paripe como el que están haciendo, mírense el ombligo. Estamos hartos de que se enchufe a amigos parientes y demás en la entidad bomberos de Asturias actual SEPA. Empiecen por controlar a sus amigos si en realidad quieren abogar por la transparencia.

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