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La Ley de Transparencia permitirá sancionar las infracciones muy graves de los altos cargos con hasta diez años de inhabilitación

17 de Febrero de 2016

El anteproyecto, que sale hoy a información pública, incorpora la denuncia ciudadana sobre presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos.

El anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Transparencia y Buen Gobierno se someterá a información pública durante los próximos 20 días hábiles. La normativa, con la que el Ejecutivo asturiano cumple uno de sus principales compromisos en materia de regeneración democrática, incorpora como principales novedades un régimen sancionador para altos cargos en materia de transparencia, la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción y un canal ético de denuncia ciudadana sobre presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos.

El régimen sancionador prevé, en el caso de infracción muy grave por parte de los altos cargos, la imposición de una multa por importe de uno a tres meses de sueldo, la destitución del puesto o la inhabilitación por un período de entre de cinco y diez años.

La Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción se encargará, entre otros asuntos, de gestionar las diligencias informativas que se deriven de las denuncias ciudadanas recibidas a través del nuevo canal ético, que tendrá formato electrónico y al que se accederá a través del Portal de Transparencia. Esta medida permitirá a cualquier persona, garantizando su confidencialidad, comunicar presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos de los que pudiera derivarse responsabilidad administrativa, contable o penal.

Además, la futura ley amplía sustancialmente los contenidos que han de someterse a información pública, por lo que a partir de su entrada en vigor, algunos de los nuevos datos que deberán ser publicados son:

• Las agendas institucionales de los titulares de órganos directivos del sector público y también de los órganos de asesoramiento y apoyo.

• Los gastos de representación y protocolarios.

• Los contratos menores a partir de 1.500 euros (IVA excluido) cuando la normativa estatal no concreta ningún límite.

• Los acuerdos del Consejo de Gobierno.

• La ejecución presupuestaria con carácter trimestral.

• Los saldos de las cuentas bancarias de titularidad de la Administración del Principado y el sector público autonómico.

• Las operaciones de arrendamiento financiero, de préstamos, crédito y emisiones de deuda pública realizas por las entidades del sector público.

La organización de la Administración del Principado también deberá adaptarse a la ley, con la creación de las Unidades de Transparencia y de un servicio de transparencia que será el encargado del diseño, desarrollo, coordinación, seguimiento y evaluación de estas políticas del Consejo de Gobierno. También nacerá el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a las disposiciones en esta materia. Su presidente, nombrado por un período no renovable de cinco años, será elegido a propuesta de la Junta General del Principado por mayoría de dos tercios entre personas de reconocido prestigio.

En materia de Buen Gobierno, el anteproyecto contempla la aprobación de un código ético, que va más allá de la norma nacional vigente, que establece únicamente una serie de principios generales y de actuación.  Así, los altos cargos deberán suscribir, antes de acceder al puesto, una declaración en la que acrediten no haber cometido delitos y asumir el código ético y los principios de las leyes autonómica y estatal.  Presentarán también su declaración de la renta al principio y al final de su mandato, y en el momento de dejar su puesto, la Oficina de Buen Gobierno elaborará un informe sobre su patrimonio. Todos los ex altos cargos deberán comunicar la actividad que desempeñarán durante los dos años siguientes a su cese.

Esta normativa será de obligado cumplimiento no sólo para el Gobierno autonómico, sino también para las entidades locales y los organismos y entes públicos dependientes de ambas administraciones, además de para la Universidad de Oviedo; las corporaciones de derecho público como las cámaras de comercio o los colegios profesionales;  las sociedades mercantiles con mayoría de capital social público; las fundaciones y entes del sector público; las asociaciones de administraciones públicas, exceptuando aquellas en las que participe la Administración del Estado;  la Junta General del Principado de Asturias, la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo.

Por lo que se refiere a la publicidad activa, la ley también se aplicará a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales de ámbito autonómico; a las federaciones de partidos, agrupaciones de electores y fundaciones que dependan de ellos, y a las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones en una cuantía igual o superior a 30.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos alcance un mínimo de 3.000 euros.

El anteproyecto de ley se puede consultar, además de en el Boletín Oficial del Principado, en el apartado de destacados del portal corporativo Asturias.es,  en el tablón de anuncios de la sede electrónica y en los portales de transparencia y Asturias Participa.


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