Gobierno del Principado de Asturias
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Actualidad

Guillermo Martínez Suárez, consejero de Presidencia y Participación Ciudadana
Es
Departamento: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
 

El Gobierno de Asturias sacará la próxima semana a información pública el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno

12 de Febrero de 2016

El consejero de Presidencia anuncia que el Ejecutivo autonómico iniciará de inmediato el período de consultas para recabar aportaciones de entidades, asociaciones y particulares. La normativa establecerá controles más estrictos contra la corrupción e incorporará un régimen sancionador para altos cargos que incumplan. El Principado estudia habilitar un canal ético para que cualquier persona, de forma confidencial, pueda comunicar presuntas conductas irregulares con efectos administrativos o penales. Guillermo Martínez afirma en la Junta General que el Pacto Contra la Violencia de Género se presentará en abril.

 

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha anunciado hoy en el pleno de la Junta General del Principado que la próxima semana saldrá a información pública el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno y se iniciará un período de consultas y participación con entidades, organizaciones y la ciudadanía para recabar sus sugerencias y aportaciones sobre la norma.

Tras recordar que la política de transparencia y rendición de cuentas es una de las grandes apuestas del Gobierno de Asturias, Martínez ha indicado que el texto definitivo, que se presentará en el primer trimestre de este año, incorporará la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, que dependerá del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano con personalidad jurídica propia.

“Nuestro objetivo es presentar una ley ambiciosa que amplíe los sujetos afectados y los contenidos obligados por la norma estatal, que permita una verdadera rendición de cuentas de los responsables públicos y que cuente con mecanismos e instrumentos de control efectivos e independientes”, ha subrayado el titular de Presidencia.

El anteproyecto autonómico amplía y desarrolla la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, al ser más ambicioso en cuanto a los datos que se pondrán a disposición de la ciudadanía, en los sujetos que se someterán a la normativa y en el establecimiento de mecanismos y controles más estrictos contra la corrupción.

La regulación incidirá sobre cinco ámbitos de actuación:

 

  • Transparencia en la actividad pública.
  • Buen gobierno.
  • Publicidad activa.
  • Ejercicio del derecho a la información.
  • Reutilización de la ciudadanía del citado derecho.

 

El texto incorpora, asimismo, un régimen sancionador para altos cargos que incumplan la ley en materia de transparencia informativa.

En relación con el apartado de publicidad activa, el anteproyecto incluye 10 bloques informativos frente a los tres de la norma estatal. Son los siguientes: información institucional y organizativa, información sobre altos cargos y asimilados, información sobre planificación y evolución, información de relevancia jurídica, información sobre procedimientos administrativos y calidad de los servicios, información de la actividad administrativa con incidencia económica, información sobre contratos, información sobre actividad pública, información económica, presupuestaria y patrimonial e información de carácter general.

En materia de buen gobierno, el texto plantea un código ético que deberán firmar los altos cargos antes de asumir una responsabilidad y que les obligará, durante los dos años siguientes a su cese, a informar a la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno sobre su actividad privada. Asimismo, se realizará un informe de su situación patrimonial al finalizar su mandato.

Por otra parte, el Gobierno de Asturias estudia la habilitación de un canal ético, confidencial pero no anónimo, para que cualquier persona pueda comunicar presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos de los que pudiera derivarse responsabilidad administrativa, contable o penal.

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